Los planes sociales no son un invento de los gobiernos argentinos. En Estados Unidos, por ejemplo, se aplicaron durante la grave crisis de 1929 y, en Brasil, tienen una presencia sustancial. Sin embargo, en la Argentina, su implemantación aumenta cada año en grado exponencial. La cifra es elocuente: en 2013 se administraron, sin exigir contraprestaciones, 58 planes sociales a más de 16 millones de beneficiarios por un valor de 74.000 millones de pesos. Para 2014, ya son 60 programas de ayuda social para 18 millones de beneficiarios, con un presupuesto de 120.000 millones de pesos. Si se compara esa cantidad de beneficiarios con el total de la población del país, podría decirse que más del 40% de los habitantes recibe algún tipo de ayuda estatal que no debe devolver ni siquiera con servicios. Pero el argumento de algunos sectores que niegan que los planes sirvan para evitar que gente desocupada se “tiente” con volcarse al delito, ha sido refutada. Un estudio comandado por el economista Osvaldo Meloni demostró que estos beneficios sí permiten que desciendan los índices de ciertos tipos de delitos, aunque la llamada “sensación de inseguridad” sigue siendo producto de las políticas usadas por el Gobierno nacional que decidió -en 2008- dejar de publicar las cifras oficiales de la cantidad y tipos de delitos que se cometen en el país. Meloni lo resume de la siguiente manera: “hay que tener en cuenta que el objetivo de un plan social no es bajar la delincuencia. Sin embargo, tiene ese efecto sobre algunos delitos”. Ese tipo de delitos, según el informe, se corresponde con los robos menores, que por lo general se cometen sin violencia. Entre ellos, el hurto y el pillaje. “Los delitos más graves, en cambio, no bajan. Nuestra explicación es que gente que ya invirtió tiempo y dinero en su actividad ilegal difícilmente será desviado hacia una actividad legal que le dará menos dinero. Cuando aumentaron los planes Jefas y Jefes de Hogar el delito disminuyó. Mientras que en otros aspectos, como ser el homicidio, no se vio modificado por los planes sociales”, remarcó Meloni.

El estudio, denominado “Investigaciones sobre Economía de la Delincuencia en Argentina”, fue desarrollado por un grupo de especialistas y es un punto de partida formidable para replantear un sistema de asistencia social que, a todas luces, resulta ineficaz. La paradoja es notoria: un Gobierno que se jacta de haber recuperado el salario, reducido la pobreza y ampliado la oferta educativa y de empleo, insume cada año una porción mayor del presupuesto en atender a aquellos que no pueden subsistir con sus magros ingresos o que están desempleados. Por supuesto que los planes sociales tienen un objetivo de contención evidente: según Meloni representan una herramienta política clave para evitar que una persona entre en un circuito delictivo del que, después, es muy difícil sacarla. Pero su distribución debería ser mucho más transparente de lo que es y, además, debería servir para que esa persona desamparada desarrolle una estrategia propia que le permita en el futuro cercano sobrevivir sin necesidad de una ayuda estatal. Este es el gran desafío del gobierno: la creación de puestos de trabajos genuinos que sean capaces de contrarrestar los programas de asistencia sociales. No es fácil, por supuesto, pero tampoco imposible. Y requiere, sobre todo, dejar de lado la mentira y los fundamentalismos ideológicos, sincerando la gravedad de la situación y evitando comprometer el futuro del país.